¿Cómo afecta la normativa de prevención de blanqueo de capitales?

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica. Esto se hace mediante el establecimiento de obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Por blanqueo de capitales se entiende el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo.

A los efectos de la presente Ley, se entenderá por financiación del terrorismo el suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal.

Prevención de blanqueo de capitales

Sujetos obligados por la normativa de prevención de blanqueo de capitales

El artículo 2 de la Ley 10/2010 fija que será de aplicación a los siguientes sujetos obligados:

  1. Las entidades de crédito.
  2. Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida. También los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones. Sin olvidarnos de las excepciones que se establezcan reglamentariamente.
  3. Las empresas de servicios de inversión.
  4. Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva. Al igual que las sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
  5. Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
  6. Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo. Como también, las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
  7. Las sociedades de garantía recíproca.
  8. Las entidades de pago.
  9. Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
  10. Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
  11. Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos. Así como las personas que, sin haber obtenido autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen profesionalmente alguna de las actividades a que se refiere la Disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero.
  12. Los promotores inmobiliarios. E incluso quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
  13. Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  14. Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

Otros sujetos obligados

  1. Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas. O cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
  2. Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios a terceros:
    • Constituir sociedades u otras personas jurídicas.
    • Ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
    • Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos.
    • Ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso («trust») expreso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
    • Ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona. Exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes. O disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

Tampoco podemos olvidarnos de

  1. Los casinos de juego.
  2. Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
  3. Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.
  4. Profesionales que ejerzan las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
  5. Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
  6. Los responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
  7. Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los términos establecidos en el artículo 34.
  8. Las gente que comercien profesionalmente con bienes, en los términos establecidos en el artículo 38.
  9. Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39.
  10. Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o debito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 40.

Sectores afectados por la normativa de prevención de blanqueo de capitales

Los sectores profesionales afectados por la Ley de prevención de blanqueo de capitales están obligados, principalmente, a:

  • Redacción de manuales de procedimiento interno.
  • Elaboración de informes.
  • Comunicación periódica al Banco de España.
  • Plan de Formación anual a sus empleados.
  • Aplicación de procedimientos en la identificación y aceptación de clientes.
  • Auditoría anual.

El SEPBLAC, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, ejerce la función, entre otras, de supervisar e inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados establecidos en la Ley de PBC.

Infracciones administrativas si incumples la normativa de prevención de blanqueo de capitales

Las infracciones administrativas, recogidas en el Capítulo VIII de esta Ley, se clasifican en muy graves, graves y leves. La cuantía queda establecida de la siguiente manera:

Infracciones muy graves:

Multa cuyo importe mínimo será de 150.000 euros. Y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras:

  • El 5 por ciento del patrimonio neto del sujeto obligado.
  • El duplo del contenido económico de la operación.
  • O 1.500.000 euros.

Infracciones graves:

Multa cuyo importe mínimo será de 60.001 euros. Y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras:

  • El 1 por ciento del patrimonio neto del sujeto obligado.
  • El tanto del contenido económico de la operación, más un 50 por ciento.
  • O 150.000 euros.

Infracciones leves:

Multa por importe de hasta 60.000 euros y/o amonestación privada.

Las anteriores infracciones y sanciones se entenderán sin perjuicio de las previstas en otras leyes y de las acciones y omisiones tipificadas como delito y de las penas previstas en el Código Penal y leyes penales especiales.

Desde Compliance Spain ponemos a su disposición nuestros profesionales y experiencia en la redacción de manuales de procedimiento interno, elaboración de informes, asesoramiento en las comunicaciones periódicas a las autoridades administrativas correspondiente, en la elaboración de procedimientos de identificación y aceptación de clientes y cumplimiento de los deberes de información de los sujetos obligados, así como en la obligatoria impartición de formación a los empleados de los mismos con la emisión de los correspondientes certificados de aptitud, en su caso.

Por último, también llevamos a cabo las auditorías anuales obligatorias. Entre otras, algunas son sobre la efectividad de los programas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo diseñados por terceros.

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